En la etapa histórica actual, con un mundo convulso y un comercio mundial proteccionista, influido por factores relacionados con la necesidad de autosuficiencia y defensa, por tanto muy distintos a los que dieron lugar a las reglas liberalizadoras instauradas tras la segunda guerra mundial y vigentes hasta hace pocos años, los textos legales relativos a la política medioambiental de la Unión Europea deben leerse siempre cuidadosamente, debido a ciertas inevitables limitaciones con respecto a los teóricos objetivos a alcanzar.
Un ejemplo de ello lo constituye el reciente Reglamento 2026/667 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 2026, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/1119 (ley europea del clima) en lo que respecta al establecimiento de un objetivo climático intermedio de la Unión para 2040. En efecto, en dicha norma, junto a una serie de previsiones conducentes a alcanzar, en el 2040, una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 90% con respecto a los niveles existentes en 1990, se incluye un artículo 2 que resulta contradictorio con las disposiciones tendentes a lograr este fin, artículo en relación con el cual se guarda absoluto silencio en el Preámbulo. El indicado precepto no sólo está situado en segundo término, sino que además es muy corto, a diferencia del tratamiento extenso dado a otras cuestiones medioambientales en el artículo1, de tal manera que pasa casi desapercibido, y sin embargo su trascendencia es innegable, hasta el punto de que el Reglamento a que nos referimos podría haber estado motivado únicamente por él.
El citado artículo 2 se refiere al aplazamiento, hasta el año 2028, de la puesta en funcionamiento (prevista en un principio para 2027), del comercio de derechos de emisión para los sectores de los edificios, el transporte por carretera y otros, establecido en el capítulo IV bis de la Directiva 2003/87 reguladora del Sistema de Comercio de Emisiones europeo. A simple vista puede parecer que el asunto no es relevante, pero hay que tener en cuenta que el nuevo régimen afecta al despacho a consumo de los combustibles utilizados en los mencionados sectores, y por tanto a las entregas realizadas con dichos fines, fuera de régimen suspensivo, por un “depositario autorizado” definido en el artículo 3 (1) de la Directiva 2020/262 relativa al régimen general de los impuestos especiales. Debe aclararse en seguida que cuando se amplió la Directiva 2003/87 para los indicados sectores nos encontrábamos ya en pleno conflicto entre Ucrania y Rusia, y por ello se preveía un cierto desabastecimiento y un aumento del precio de los productos energéticos derivados del petróleo, por lo que se decidió incluir un artículo 30 duodecies donde se advertía que si se daban las anteriores circunstancias el funcionamiento del régimen podría aplazarse hasta 2028.
Lo cierto es que uno de los sectores más contaminantes, el del transporte, que por sí solo alcanza el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, está por el momento exento de las responsabilidades que afectan a otras industrias con respecto a la reducción de tales emisiones. En ello influye decisivamente su carácter estratégico, carácter que asimismo tiene el sector energético y que los hace aún más necesarios, en las actuales circunstancias, para lograr la autosuficiencia. Ambos están incluidos, como sectores altamente críticos en el Anexo I de la Directiva 2022/2555 de 14 de diciembre de 2022, relativa a las medidas para lograr un nivel común de ciberseguridad en la Unión.
Otro ejemplo del delicado equilibrio que debe mantenerse en el ámbito medioambiental de la UE lo constituyen las exenciones a la prohibición de importar determinados artículos que utilizan gases fluorados de efecto invernadero establecidas en el artículo 11 del Reglamento 2024/573 de 7 febrero de 2024 sobre este tipo de gases.
En el Preámbulo de dicho Reglamento se destaca la importancia de reducir, o incluso eliminar, la producción de dichos gases en el territorio de la UE, remarcándose su carácter nocivo para el medio ambiente y la salud humana.
A estos efectos se regulan en dicha norma dos tipos de medidas con respecto a las importaciones: una menos dura, consistente en limitar la entrada en el territorio de la Unión de este tipo de gases mediante el establecimiento de cuotas, y otra más radical, que implica la prohibición de dicha entrada.
Pero incluso esta última no es total, pudiendo darse excepciones, a las que se refiere el propio artículo 11apartado 5:
“Previa solicitud motivada de una autoridad competente de un Estado miembro y teniendo en cuenta los objetivos del presente Reglamento, la Comisión podrá autorizar de modo excepcional, mediante actos de ejecución, una exención de hasta cuatro años para permitir la introducción en el mercado de los productos y aparatos enumerados en el anexo IV… en caso de que se haya demostrado que:
- a) para un producto concreto o una parte de un aparato, o para una categoría concreta de productos o aparatos, no se dispone de alternativas o no se puede recurrir a ellas por motivos técnicos o de seguridad, o
- b) el uso de alternativas técnicamente viables y seguras generaría costes desproporcionados”.
La posibilidad de obtener una exención a la prohibición tiene especial importancia en otro ámbito estratégico para la UE: el de la electrónica, también incluido como tal en la Directiva 2022/2555.
Precisamente en relación con dicho sector esencial, las autoridades alemanas competentes presentaron a la Comisión una solicitud de autorización de una exención que permite la introducción en el mercado de dos tipos de enfriadoras fijas utilizadas para servir a la fabricación de semiconductores cuya introducción en el mercado estará prohibida a partir del 1 de enero de 2027, argumentando que “A pesar de la inversión sostenida y los avances en el desarrollo de soluciones alternativas, incluidas las basadas en el CO2 y otras alternativas con bajo PCG (Potencial de Calentamiento Global), actualmente no existe ninguna solución que pueda cumplir todos los requisitos de temperatura, seguridad y rendimiento para todas las aplicaciones de semiconductores”, y asimismo que “debido a las complejas limitaciones técnicas, reglamentarias y económicas a las que se enfrenta el sector, sería inviable completar la transición en el plazo establecido sin poner en peligro la continuidad operativa y hacer frente a costes desproporcionados”.
Pero el verdadero fondo de la cuestión es que se trata de un sector altamente crítico para la UE: el de los semiconductores o circuitos integrados, cuyas plantas de fabricación requieren de una gran cantidad de maquinaria y dispositivos costosos para poder operar, y donde el control de la temperatura y la humedad es fundamental para minimizar la electricidad estática.
En este sentido, en el Preámbulo del Reglamento donde se contempla la exención a la prohibición se señala que “Estas enfriadoras fijas forman parte integrante de la mayoría de las plantas de fabricación de semiconductores y son esenciales para controlar la temperatura de las obleas y las partes críticas del equipo durante su proceso de fabricación”.
Ha de tenerse en cuenta, por otra parte, que la exención autorizada por la Comisión fue solicitada por las autoridades de Alemania, donde se encuentra una de las dos plantas europeas de semiconductores más importantes: Infineon, con sede en Munich.
